Contratos mixtos en infraestructura: palanca de desarrollo

Adicional a los diversos desafíos económicos que trae consigo este 2026 para nuestro país, las necesidades de inversión en el sector de infraestructura siguen estando sobre la mesa y tendrán que atenderse, de una u otra forma, si queremos sumar a nuestro desarrollo de largo plazo. Los activos existentes requieren continuamente modernizarse y mantenerse en buen estado, pero el sector también requiere de nueva inversión. Por otro lado, dado el carácter estratégico del sector de infraestructura, no nos debe sorprender que la presente administración federal (como cualquiera otra anterior) diga que su crecimiento sea una de sus prioridades. No obstante, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cuál es la estrategia en términos de políticas públicas?

En mi opinión, la discusión sobre cuál estrategia adoptar, no debería limitarse a permitir o no la participación privada en los proyectos de infraestructura (que si bien es el primer dilema que hay que resolver), sino en definir con claridad las condiciones financieras, legales, técnicas, fiscales e incluso ambientales que hagan viable la convivencia entre el sector público y privado. En este sentido, y a mi juicio, lo que sí debemos de entender desde ahora es que, sin los incentivos adecuados que aseguren alguna rentabilidad (económica y social), la participación del capital privado difícilmente ocurrirá.

Ahora bien, a pesar de que el Gobierno Federal ya ha hecho público su interés de promover un nuevo esquema de inversión, al cual ha llamado “Contratos Mixtos”, debemos decir que actualmente no existe como tal algún documento público oficial que nos ayude a entender la estructura general de este tipo de contratos. Ciertamente, somos conscientes de que cada contrato debe adecuarse a las características de cada proyecto; pues no es lo mismo la inversión en una carretera a la inversión en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, esperaríamos que independientemente del proyecto, los contratos salvaguarden el espíritu de participación pública y privada.

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