Ante la indignación ciudadana que ocasionó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Las medidas anunciadas incluyen el despliegue de más de 4,000 elementos militares junto con drones, vehículos de combate y helicópteros en la entidad; el reforzamiento de las medidas para combatir la extorsión; el aumento de los apoyos monetarios a pequeños y medianos productores agrícolas; el mejoramiento de la coordinación en materia de seguridad entre los gobiernos municipales, estatal y federal; y la intensificación de las labores de inteligencia para detener a “generadores de violencia”.

Las medidas anunciadas no son novedosas. Lejos de señalar un cambio en la estrategia de seguridad, son un reforzamiento local de la política federal que ya está en marcha. Quizá lo único nuevo sea el aumento de la presencia militar en la entidad, que, aunque la presidenta se empeñe en decir lo contrario, recuerda al Operativo Conjunto Michoacán que lanzó Felipe Calderón y que marcó el inicio de la guerra contra el narcotráfico.

No dudo que el Plan incluya algunas acciones que no se pueden anunciar públicamente, ya sea por ser delicadas en términos de seguridad nacional o por exigir discreción política. Por ejemplo, es posible que la presidenta le haya llamado la atención al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien —de acuerdo con reportes de........

© Expansión