La discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la validez de la demanda presentada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) contra la extensión del decreto que permite la regularización de los llamados autos chocolate revela una profunda contradicción en la política económica y ambiental del gobierno actual.

El decreto, prorrogado por López Obrador apenas cuatro días antes de dejar el cargo, fue presentado como un acto de justicia social: una manera de dar certeza a millones de familias que en la zona fronteriza dependen de un vehículo para trabajar o desplazarse. Sin embargo, sus consecuencias apuntan en dirección opuesta. En nombre de la justicia social, se ha perpetuado una política que socava la justicia económica y ambiental, al tiempo que debilita uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo nacional.

Desde su entrada en vigor en 2022, el programa ha permitido la regularización de más de 2.5 millones de vehículos y podría alcanzar los tres millones en 2026. Pero estos autos........

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