En Palacio Nacional ya advirtieron de una nueva reforma electoral. La presidenta se ha manifestado a favor de mantener un sistema de mayoría para integrar el Congreso y en contra de la representación proporcional. También se manifestó a favor recortar el financiamiento público que permite la operación ordinaria de los partidos políticos. Todo ello, indicando su intención de retomar los planes A y B de su antecesor que fracasaron en el pasado que, además, contemplan la elección de consejeras y consejeros electorales por voto popular y la eliminación de los órganos electorales locales. Así, creó por decreto una comisión integrada exclusivamente por los suyos que podrá, pero no deberá, incorporar voces de otros sectores para la construcción de la propuesta.

A pesar de contar con condiciones idóneas para procesar una reforma progresiva que atienda los retos más importantes que enfrentan nuestras elecciones, como la influencia del crimen organizado; el anticuado modelo de comunicación política; la desinformación; y las contradicciones y vacíos normativos en elecciones judiciales, todo apunta a que esta será una reforma impuesta y regresiva. Hoy es norma recurrir a la aplanadora legislativa........

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