Shock inmobiliario, el inoportuno criterio de la tremenda Corte

Sumido en penosos escándalos, el Poder Judicial Federal adoptó una irreflexiva decisión que, sin lugar a duda, traerá nocivas consecuencias para quienes arriendan propiedades en la capital. No sólo para quienes son dueños, sino también para aquellos que residen en las localidades rentadas. No entendieron que somos un país en el que buena parte de la población no sólo no tiene acceso a créditos pagables para adquirir un inmueble, sino que carece de efectivas oportunidades laborales que aporten un sueldo que permita esperar un futuro promisorio. Gran error.

En tan sólo unas pocas semanas, se vino abajo la ilusa expectativa de que el inusitado procedimiento, que sustituyó cavernariamente el pleno de la SCJN, podría traer beneficios a la población. No se superaron los vicios que, cierta e innegablemente, tenía la anterior integración. Lejos de dejar atrás el esquema de cuates y cuotas, se empeoró, al quedar el sanedrín de aprendices del derecho al servicio del oficialismo, profundizando excesos, abusos y dispendios.

Llegaron los ungidos, dado que el gobierno perdía todas, gracias a la más que probada incapacidad del sector público de defender las mal hechas leyes, reglamentos y normativa administrativas. El aparato oficial mostró severas deficiencias para desempeñar el servicio público; aprovechar los bienes nacionales, y hacer de las funciones oficiales fueran el eficaz basamento del progreso. En tan sólo unos días, concretó diversas venganzas y retaliaciones, dejando claro al mundo que dejamos de vivir en un estado de derecho, para ser un territorio en el que operan impunemente fuerzas criminales, uno, en el que el funcionarios y servidores públicos tienen garantizada la impunidad, en la que la parentela del cacique seguirá haciendo de la riqueza nacional fondo ilimitado para pagar sus caprichos. El río se revolvió, pero los sustitutos salieron peor que los sustituidos.

Sí, en lugar de capacitar y mejorar los cuerpos jurídicos de dependencias y entidades federales, la silla presidencial decidió ganar los juicios a la mala, privando a los justiciables de condiciones imparciales; neutrales y técnicamente responsables, que dieran al Poder Judicial la capacidad de rendir buena cuenta a una sociedad que mengua y desfallece, ante la rampante injusticia que nos heredó quien, hoy se sabe, llegó de la mano de organizaciones criminales.

Hasta ahora, los despropósitos habían tenido lugar en el ámbito del derecho público, esto es, en la rama constitucional y administrativa. El foro en el que se ventilaban todo tipo de autoritarios abusos, dictados por impreparados funcionarios, no alcanzó al ciudadano de a pie. Los impresentables funcionarios, sin recato alguno, hicieron a un lado el correcto despacho de los asuntos oficiales, para dictar decisiones favorables a quienes algo quedaron a deber en la brega por hacerse del poder, o bien, que estaban, o están, asociados con los cómplices de quien se apoderó de la maldita silla. En el ejecutivo estaban al servicio del cortesano equipo que acompañó a quien gratuitamente asumió que, con la banda presidencial, le habían escriturado el país. El Poder Judicial nunca se asumió como igual, y nos guste, o no, se agachó. El que dijo ser hijo del pueblo nunca se condujo como republicano mandatario al servicio de la ciudadanía, sino como arrogante autócrata que a nadie debe explicaciones.

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