La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el pasado 18 de noviembre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2024, un procedimiento extraordinario mediante el cual el Pleno puede expulsar del orden jurídico una norma que ya ha sido declarada inconstitucional anteriormente. El tema en cuestión no era menor: la eliminación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas en la reforma a la Ley General de Víctimas aprobada en noviembre de 2020.

Pese a que la mayoría del Pleno —cinco ministras y ministros— se pronunció por invalidar la reforma, la decisión no prosperó. La razón es frustrante: para que una declaratoria general surta efectos, el artículo 107 constitucional exige una mayoría calificada de al menos seis votos, requisito que no se alcanzó. Así, aun cuando la mayoría reconoció la regresividad de la norma, la ley se mantiene vigente. Y con ella, la incertidumbre financiera para miles de víctimas que dependen del Estado tras haber sufrido delitos graves o violaciones de derechos humanos.

La historia de esta controversia se remonta a la reforma de 2020, cuando se modificó la Ley General de Víctimas para suprimir la garantía presupuestal fija destinada a la reparación integral. Antes de la reforma, el Estado estaba obligado a dotar anualmente un fondo........

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