La Ley de Amparo, considerada durante décadas el escudo más poderoso del ciudadano frente al poder del Estado, vive una de sus reformas más profundas en años. El debate ha sido áspero, las posiciones encontradas, y los actores políticos no podrían ser más simbólicos del México actual: un Javier Corral que carga con acusaciones en Chihuahua y es prófugo legal, pero hoy se sienta con fuero en el Senado presidiendo la Comisión de Justicia; un Adán Augusto López en evidente desgracia política después de ser relegado de los círculos de influencia que alguna vez lo colocaban cerca de la sucesión presidencial; y una Claudia Sheinbaum que, desde Palacio Nacional, marca el rumbo con liderazgo y un 70% de aprobación, imponiendo su peso para corregir los excesos de la iniciativa original.

El resultado es una reforma con claroscuros, que puede tanto modernizar el sistema judicial como limitar derechos fundamentales.

Uno de los cambios más discutidos es la redefinición del “interés legítimo”. Antes, este concepto permitió abrir la puerta a colectivos y organizaciones de la sociedad civil para defender causas ambientales, de salud o de transparencia. Ahora se pretende restringirlo a quien demuestre afectación directa y diferenciada. El argumento oficial es frenar abusos de amparos “difusos”, pero el riesgo es evidente: cerrar espacios de defensa social en nombre de la eficiencia.

Otro punto álgido es la limitación de las........

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