El panorama de seguridad pública en México sigue siendo mayoritariamente adverso y no se observan señales de cambio estructural que permitan avanzar hacia una pacificación real. Lejos de consolidar procesos de pacificación, como sugiere el discurso oficial, el país enfrenta una transición hacia dinámicas menos visibles o estadísticamente opacas de violencia.

Actualmente, 16 entidades se mantienen en escenarios preocupantes y cinco —Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Tabasco— registran condiciones críticas, con tasas elevadas de violencia letal y tendencias al alza, pese a haber sido intervenidas con prioridad por el Gobierno federal.

Los datos son contundentes: en los últimos 10 años los homicidios dolosos aumentaron 35.7%, las víctimas de otros delitos contra la vida 358% y las desapariciones 268.6%. La violencia no se está conteniendo; se está transformando, reproduciendo y ocultando ante la rigidez de los mecanismos institucionales de medición.

Los datos muestran que la estrategia nacional de seguridad —centrada mayoritariamente en el debilitamiento operativo del crimen organizado— es insuficiente, temporal y, en varios territorios, contraproducente. Al no estar acompañada de fortalecimiento institucional local, termina acelerando la fragmentación criminal y la intensificación de las disputas territoriales.

Tabasco es el ejemplo más reciente: su saldo pasó de negativo a muy negativo en el último monitor de México Evalúa, evidenciando cómo el combate frontal sin una base local sólida........

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