La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el pasado 23 de julio una de las opiniones consultivas más esperadas en materia ambiental. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas declaró que los Estados tienen obligaciones legales precisas para actuar frente al cambio climático.

Concretamente, la Corte sostuvo que no prevenir daños al sistema climático puede constituir una violación del derecho internacional. También señaló que los países deben cumplir con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5°C, como se establece en el Acuerdo de París, y hacerlo con la debida diligencia y en cooperación.

Si bien esta opinión no es jurídicamente vinculante, no debe subestimarse su alcance. Las opiniones consultivas de la CIJ no crean obligaciones automáticas, pero sí consolidan la interpretación del derecho internacional y ofrecen una base sólida para decisiones judiciales, reformas legislativas y negociaciones globales.

Por tanto, la relevancia de este fallo no reside en su capacidad coercitiva, sino en la legitimidad que otorga a una comprensión jurídica más clara y robusta sobre las responsabilidades estatales en materia climática.

En ese sentido, lo que ofrece la CIJ no son nuevas reglas, sino un marco interpretativo que refuerza los estándares existentes y permite exigir más ambición y coherencia a los actores responsables.

La decisión convierte lo que muchos consideraban una expectativa ética o un deber político en una obligación jurídica respaldada por tratados internacionales y principios de derechos humanos.

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