En días recientes, el gobierno de Estados Unidos designó a tres instituciones financieras mexicanas como posibles responsables de lavado de dinero para el crimen organizado. Si bien se alertó al gobierno mexicano semanas antes, el anuncio no fue coordinado, sino presentado como un hecho consumado. Poco antes, había cancelado visas a funcionarios públicos, incluida la gobernadora de Baja California, su esposo y el presidente municipal de Puerto Peñasco. Y meses atrás, impuso aranceles a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, y cerró la frontera a la exportación de ganado. Estas acciones forman parte de un patrón: Estados Unidos no espera al diálogo, actúa primero para forzarlo en sus propios términos.

Estados Unidos ha hecho del uso de la presión amplificada —es decir, operada desde múltiples dependencias gubernamentales— un elemento central de su política hacia México. Las amenazas arancelarias, las sanciones unilaterales o las restricciones migratorias no siempre buscan cerrar un conflicto o resolver un problema, sino abrir una negociación desde una posición de fuerza. Washington asume que su capacidad de presión es parte legítima de su caja de herramientas diplomáticas.

El actuar estadounidense parece tener cuatro componentes fundamentales: 1.........

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