Cada tres años, el ciclo electoral municipal en México reproduce un patrón predecible: alcaldes que prometen "mano dura", inauguran patrullas con sus nombres grabados, y proclaman victorias en seguridad sin presentar un solo dato verificable sobre reducción delictiva. Tres años después, cuando buscan reelegirse o impulsar a sus sucesores, estas mismas autoridades exigen reconocimiento por logros que jamás midieron, mientras las corporaciones policiales que supuestamente fortalecieron se desmoronan al primer cambio de administración.

Esta dinámica convierte la seguridad pública en botín electoral, no en política de Estado, y condena a las comunidades a reiniciar desde cero cada trienio.

La politización de la seguridad municipal no es nueva, pero ha alcanzado niveles de sofisticación preocupantes. Los alcaldes han aprendido que invertir en elementos visibles —patrullas nuevas, uniformes, cámaras de videovigilancia— genera capital político inmediato, sin importar si estos recursos se traducen en menor incidencia delictiva. El problema no radica en la inversión material, sino en su instrumentalización propagandística.

Cada operativo se convierte en oportunidad fotográfica; cada detención menor, en conferencia de prensa. Lo que debería ser trabajo técnico y rutinario de las corporaciones se transforma en espectáculo mediático diseñado para posicionar figuras políticas.

Esta lógica pervierte las prioridades institucionales. Los recursos se destinan no donde la evidencia criminológica indica mayor necesidad, sino donde la visibilidad electoral es mayor. Se privilegian acciones reactivas y espectaculares sobre estrategias preventivas de largo aliento.

Peor aún, esta........

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