El sistema penal acusatorio mexicano enfrenta una crisis estructural que va más allá de la carga procesal o la falta de recursos. El verdadero problema está en la desarticulación entre quienes investigan y quienes dirigen la investigación. Las fiscalías concentran la conducción jurídica de los delitos, mientras las secretarías de seguridad estatal y municipal operan con escasa coordinación y limitada capacidad técnica para aportar información útil a los procesos penales.

El resultado es un ecosistema fragmentado: policías que reaccionan sin integrar evidencia, ministerios públicos que investigan sin inteligencia de campo y tribunales saturados por casos mal sustentados. Esta ineficiencia contrasta radicalmente con los sistemas europeos más consolidados, donde la coordinación operativa entre fuerzas policiales y autoridades judiciales es un principio rector, no una aspiración.

En el Reino Unido, la investigación criminal se organiza bajo una estructura basada en la profesionalización policial y la separación funcional clara entre investigación, enjuiciamiento y prevención. La Police and Criminal Evidence Act (PACE) de 1984 redefinió el papel de las fuerzas policiales, otorgándoles una autonomía técnica controlada por la fiscalía (Crown Prosecution Service, CPS), pero dentro de un marco legal riguroso y transparente.

En la práctica, la policía británica conduce las investigaciones desde la escena del crimen hasta la entrega del expediente a la CPS, que evalúa la solidez de las pruebas antes de presentar el caso ante los tribunales. No existe un muro burocrático entre ambos actores: hay comunicación directa, protocolos claros y responsabilidades bien delimitadas.

La eficiencia británica no radica en una mayor cantidad de personal o........

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