La reciente implementación del Plan Michoacán de Seguridad y Paz 2025 representa, en teoría, una respuesta contundente a la escalada de violencia que ha convertido a esta entidad en uno de los territorios más disputados por organizaciones criminales. Sin embargo, una revisión crítica de sus fundamentos metodológicos revela una estrategia construida más sobre la urgencia política y la visibilidad mediática que sobre un análisis riguroso de incidencia delictiva y asignación eficiente de recursos de seguridad. El problema no radica en la necesidad de intervenir en Michoacán —eso es innegable— sino en cómo esta concentración de fuerzas opera como un ejercicio de redistribución administrativa que genera vacíos de seguridad en otras entidades igualmente críticas.

El diseño de una estrategia de seguridad pública efectiva debería partir de un diagnóstico territorial que identifique patrones de incidencia delictiva, rutas de tráfico de drogas, zonas de control territorial por parte del crimen organizado y capacidades institucionales locales. En el caso del Plan Michoacán, la ausencia de un documento metodológico público que justifique la magnitud del despliegue militar sugiere que la decisión precedió al análisis. El envío masivo de tropas del Ejército, la Guardia Nacional y elementos de la Marina no parece responder a un mapeo diferenciado de amenazas, sino a la percepción de que Michoacán se ha convertido en un problema político que requiere una solución visible.

Esta aproximación genera una falacia operacional: asumir que la........

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