El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue hallado el 20 de octubre con signos de tortura y un disparo en el rostro, no es un hecho aislado. Es, en realidad, la materialización de una amenaza que se cernía sobre todos aquellos que se atrevieron a levantar la voz contra un sistema de gobernanza criminal que ha transformado la producción de limón en Tierra Caliente michoacana en una empresa de extorsión sistemática.

Apenas días antes de su asesinato, Bravo había denunciado públicamente la crisis de inseguridad que aquejaba al sector y organizó un paro en protesta por los bajos precios y las extorsiones, logrando que no salieran al mercado cerca de 300 toneladas de limón. Su valentía le costó la vida, pero su muerte nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo la producción agrícola en México seguirá siendo rehén del crimen organizado mientras el Estado observa desde la barrera?

Lo que estamos presenciando en Tierra Caliente no es simplemente la acción de cárteles del narcotráfico que buscan diversificar sus ingresos. La extorsión a productores de limón ha evolucionado de cobrar dos pesos por kilo a cuatro pesos, duplicándose en cuestión de meses. Esta escalada refleja algo más profundo y sistémico: la transformación de estructuras criminales en verdaderas empresas paraestatales que controlan toda la cadena de valor.

Múltiples grupos criminales se disputan el control de las extorsiones en la región: el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Acahuato, Cárteles Unidos con sus brazos armados Los Viagras y Blancos de Troya, además del Cártel de Tepalcatepec. Esta fragmentación no reduce la violencia, la multiplica. Cada grupo establece sus propios "impuestos", sus propios contadores en los empaques, su propia estructura de recaudación. Los grupos criminales tienen contadores en los empaques que calculan el cobro de piso, haciendo imposible que los productores burlen el........

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