El presupuesto de seguridad pública para 2026 llega en un momento decisivo para México. De acuerdo con lo propuesto, los recursos destinados a las instituciones de seguridad civil —excluyendo Ejército, Marina y Guardia Nacional— muestran un estancamiento preocupante. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los programas estatales y municipales, así como las áreas de prevención y profesionalización policial, tendrán que operar con un techo financiero que, en términos reales, implica menos capacidad de acción que en años anteriores.

Esto contrasta con las metas planteadas en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 2 de septiembre de 2025, que estableció compromisos claros: fortalecer la policía municipal, ampliar los sistemas de videovigilancia, implementar protocolos de atención a víctimas y consolidar la coordinación interinstitucional. Todas ellas metas legítimas y urgentes, pero que hoy se topan con la dura realidad de un presupuesto limitado.

En suma, el Estado mexicano enfrenta el reto de mantener la ambición estratégica de la política de seguridad en un escenario de austeridad.

- La primera limitación es estructural: la mayor parte de los recursos federales de seguridad se concentran en las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, lo que deja a policías estatales y municipales con márgenes mínimos para mejorar salarios, capacitación o equipamiento. El resultado es una dependencia creciente en la presencia militar, con el riesgo de relegar el fortalecimiento de la seguridad civil, base de cualquier sistema........

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