La seguridad en las instituciones universitarias públicas de México enfrenta una crisis de magnitud estructural que compromete no solo la integridad de la comunidad estudiantil y académica, sino también la viabilidad misma de la autonomía universitaria.

El problema no es aislado ni reciente: se trata de una crisis multidimensional en la que convergen debilidades internas, limitaciones legales, carencias institucionales y la creciente presión de problemáticas sociales externas. Las universidades, concebidas como espacios de libertad intelectual y formación crítica, se ven atrapadas entre un marco jurídico que restringe la intervención de fuerzas de seguridad externas y una realidad social donde la violencia, el acoso, las adicciones y la fragmentación juvenil se infiltran cotidianamente en los planteles.

El primer punto crítico es la debilidad de los protocolos internos de seguridad. La mayoría de las universidades públicas carecen de sistemas integrales de gestión de riesgos; operan con dispositivos fragmentados y reactivos que privilegian la contención inmediata sobre la prevención estratégica. Los accesos a los planteles, por ejemplo, son espacios vulnerables donde el control de ingreso suele limitarse a revisiones superficiales o al uso simbólico de credenciales, sin un verdadero sistema de identificación ni registro.

Asimismo, la infraestructura carece de diagnósticos técnicos que integren factores como iluminación, videovigilancia o rutas de evacuación. Estas omisiones no son meramente logísticas: configuran condiciones estructurales que facilitan delitos y conductas antisociales dentro de los campus.

Otro aspecto estructural es la ausencia de protocolos de seguridad universitaria adaptados a la realidad contemporánea. La mayor parte de los reglamentos internos datan de décadas pasadas y no contemplan........

© Expansión