En México, el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza exclusivamente delictiva para convertirse en un sistema de gobernanza informal en vastas regiones del país. Su poder no se explica sólo por la violencia o la corrupción, sino por la existencia de una base social sólida, construida en territorios donde el Estado se ha retirado o, peor aún, ha confundido su función de garante de la seguridad con la de proveedor de asistencia social.

Durante los últimos 20 años, el Estado mexicano ha mezclado de forma errática la política social con la de seguridad. Programas de transferencias, becas o apoyos comunitarios se aplican en zonas de alta incidencia delictiva sin coordinación con estrategias de seguridad ni con diagnósticos territoriales. Así, mientras los subsidios fluyen, los grupos criminales mantienen el control real del territorio. En lugar de debilitar su influencia, la política social fragmentada termina reforzando la dependencia hacia estructuras criminales que llenan el vacío institucional con reglas, empleos y protección.

De acuerdo con datos del INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más del 40% de los municipios en condición de pobreza coinciden con zonas bajo influencia criminal. La correlación no es casual: donde el Estado sólo aparece para repartir apoyos y no para garantizar justicia, seguridad o desarrollo, la delincuencia se convierte en Estado funcional.

Los grupos criminales han aprendido a operar como actores de bienestar. Distribuyen alimentos, financian obras públicas menores, ofrecen préstamos y actúan como mediadores en conflictos familiares o comunitarios. Su fuerza radica en que no prometen futuro, pero resuelven el presente, algo que las instituciones no han........

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