En México, las cámaras de videovigilancia se han convertido en los nuevos centinelas urbanos. Desde los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) hasta los drones de patrullaje aéreo, la expansión de la vigilancia electrónica promete ciudades más seguras y reacciones más rápidas ante el delito.

Sin embargo, esta promesa tecnológica enfrenta dilemas éticos y operativos que obligan a replantear su uso bajo criterios de eficiencia, transparencia y respeto a los derechos humanos. La pregunta ya no es si necesitamos videovigilancia, sino cómo la gestionamos para que proteja sin invadir.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los municipios que han implementado sistemas integrados de videovigilancia reportan reducciones delictivas de entre 25% y 35% en zonas monitoreadas. Este impacto positivo no radica solo en la presencia de cámaras, sino en su integración con centros de inteligencia y reacción inmediata.

Entre los beneficios más relevantes destacan:

- Prevención y disuasión del delito: la visibilidad de las cámaras genera un efecto psicológico de inhibición del comportamiento delictivo.

- Respuesta rápida ante emergencias: la detección temprana permite coordinar patrullas, ambulancias y bomberos con precisión temporal y geográfica.

- Evidencia judicial sólida: las grabaciones son insumos valiosos para la investigación ministerial y la identificación de responsables.

- Planeación de seguridad basada en datos: los sistemas analíticos de video —con reconocimiento de patrones y mapas de calor delictivo— fortalecen la toma de decisiones en políticas públicas.

En entidades como........

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