La cuenta regresiva hacia 2026 nos encuentra con una realidad incómoda: la violencia en y alrededor de los estadios volvió a escalar justo cuando México se prepara para recibir el torneo más visto del planeta. En días recientes, una mujer fue asesinada tras una riña con disparos en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; en Guadalajara y Monterrey hubo peleas y detenciones en las gradas; y, en el Cono Sur, el partido Independiente–U. de Chile en Avellaneda terminó suspendido por graves incidentes y decenas de heridos. Estos hechos, más allá de las jurisdicciones, envían el mismo mensaje: sin un rediseño integral, los riesgos humanos, económicos y reputacionales se multiplican.

FIFA exige que la asociación anfitriona cuente con reglamentos comunes de seguridad, manuales por estadio, y medidas de contrainterferencia/contraterrorismo, así como operaciones coordinadas de seguridad y gestión de multitudes. México, por su parte, tiene el Protocolo Interinstitucional “Estadio Seguro” y el Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales, que fijan responsabilidades, mando coordinado, trato a grupos de animación y listas de verificación operativa. El problema no es de papel: es de ejecución consistente, trazabilidad y evaluación basada en datos.

Cada incidente se traduce en sanciones (vetos, juegos a puerta cerrada, multas), pérdida de ingresos por taquilla y abonados, afectación a patrocinadores y marca ciudad. Basta recordar los vetos al Estadio Akron en 2025 para dimensionar el impacto tangible; la literatura internacional sobre hooliganismo también documenta efectos negativos en........

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