La soberanía ha sido tradicionalmente concebida como el poder supremo e indivisible del Estado para ejercer autoridad sobre un territorio y su población. Es la piedra angular del orden internacional moderno, el principio que garantiza la igualdad formal de las naciones en la arena global. Sin embargo, en México —y particularmente en la víspera de las fiestas patrias de 2025— esta noción se encuentra desgarrada por la contradicción entre el discurso oficial y la realidad estructural del país. Celebrar la soberanía resulta un acto profundamente simbólico, pero también una paradoja: ¿qué significa proclamar independencia en un territorio donde la capacidad estatal de ejercer control efectivo se encuentra limitada, disputada e incluso negada en vastas regiones?

La soberanía no puede reducirse a un acto jurídico o a un símbolo nacional; requiere, en términos prácticos, de la capacidad de monopolizar la violencia legítima y garantizar el orden en cada espacio del territorio. En México, la fragmentación del poder territorial revela una soberanía intermitente. Los cárteles no sólo dominan corredores estratégicos de trasiego de drogas y armas, sino que también ejercen funciones propias de un proto-Estado: cobran “impuestos”, imponen justicia expedita, deciden sobre la vida cotidiana y regulan la economía local.

En estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas o partes de Jalisco, el mapa político-administrativo convive con un mapa paralelo, donde las fronteras no están trazadas por la Constitución, sino por pactos criminales, pugnas armadas o equilibrios precarios de poder. El Estado, en este contexto,........

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