El reciente asesinato de un joven en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a colocar en el centro de la discusión un problema que durante años se ha minimizado: la violencia en los planteles educativos de nivel medio superior.

No se trata de un hecho aislado, sino de la expresión más brutal de dinámicas de hostigamiento, acoso, bullying y abuso que ocurren diariamente en nuestras escuelas y que, con frecuencia, son silenciadas en aras de preservar la “normalidad académica” o la imagen institucional.

La violencia escolar no nace de un día para otro. Se alimenta de múltiples factores: desde la precariedad socioeconómica y la falta de espacios seguros de convivencia, hasta la emergencia de subculturas juveniles radicalizadas —como los grupos incells o las comunidades digitales que glorifican la misoginia y la violencia— que ofrecen a adolescentes desorientados un refugio identitario. En este caldo de cultivo, la falta de intervención oportuna por parte de las instituciones educativas, la ausencia de diálogo en los hogares y la incapacidad de los gobiernos locales para prevenir y contener la violencia juvenil terminan por agravar el problema.

Las autoridades escolares, empezando por directivos y docentes, tienen la obligación de reconocer que los espacios académicos no son inmunes a la violencia estructural que atraviesa a la sociedad mexicana. El principio de autonomía universitaria, tan necesario para la vida académica, no puede ser usado como pretexto para evadir responsabilidades en materia de seguridad y convivencia.........

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