El nuevo convenio conocido como “Misión Cortafuegos” se presenta como un intento de México y Estados Unidos por frenar el tráfico ilegal de armas y enfrentar a los grupos narcoterroristas que operan en la frontera y en el corazón del país. La propuesta combina tecnología, cooperación entre agencias y compromisos para controlar la venta de armas en el lado norteamericano. Sobre el papel, parece un paso firme hacia una solución conjunta. Sin embargo, su éxito dependerá no sólo de la voluntad política, sino también de resolver contradicciones legales, operativas y de confianza que históricamente han limitado este tipo de acuerdos.

El primer eje del convenio se centra en mejorar la cooperación entre agencias de seguridad. La idea es usar sistemas como eTrace y bases de datos balísticas para rastrear rápidamente de dónde viene cada arma decomisada en México. De esa manera, se puede identificar no sólo al vendedor, sino también las rutas que siguen las armas hasta llegar a manos criminales.

En teoría, esta trazabilidad puede marcar la diferencia. La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha documentado cientos de miles de armas recuperadas en México que fueron rastreadas hasta su origen en Estados Unidos. La rapidez para identificar estas rutas podría ayudar a cerrar huecos en el mercado y mejorar las investigaciones conjuntas.

El reto es que la tecnología, por sí sola, no resuelve nada. Hace falta capacitación, protocolos comunes y, sobre todo, que la información se use como prueba en tribunales. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos con bases de datos muy completas, pero sin sentencias que castiguen a los responsables.

© Expansión