Por razones de seguridad, pero también de dignidad nacional, el Estado chileno debe esclarecer la trama del Tren de Aragua y desarticular sus redes.

Las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre el Tren de Aragua tienen una trascendencia que todavía no alcanzamos a sopesar. Va quedando al descubierto la devastadora penetración alcanzada por el crimen organizado transnacional en nuestro país, lo que configura un reto completamente inédito para el Estado. 

La hebra del lavado de activos está permitiendo conocer la madeja de una gigantesca empresa delictiva, que ha dejado su huella en muchos crímenes de los últimos años: robos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, prostitución, homicidios, etc. La denominada Operación Tokio, que tiene a la PDI en la primera línea de investigación, ya ha permitido que la Fiscalía Metropolitana Sur formalice a una veintena de implicados.

Surgen por supuesto muchas preguntas acerca de hasta dónde llega el poder de esta y otras redes mafiosas que están operando en Chile. Es lógico suponer que cuentan con más colaboradores dentro del sistema financiero, y tal vez en ámbitos que ni siquiera sospechamos, como ciertos organismos del Estado. La experiencia de otras naciones latinoamericanas muestra que el crimen organizado sabe cómo comprar la colaboración de jueces, policías y políticos.

Chile estuvo demasiado tiempo con la guardia baja respecto de la amenaza del crimen organizado, y en ello llevan responsabilidad varios gobiernos, pero es innegable que la mayor vulnerabilidad se produjo en el contexto creado por la ola de violencia, pillaje y destrucción de hace 7 años, cuando Chile sufrió una agresión cuyos estragos no pueden ser explicados “socialmente”. 

Por desgracia, hay quienes siguen describiendo el 18 de octubre como un acto de........

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