Los ministros políticos, Alvarado y García Ruminot, enfrentan una operación de doble filo: hacia afuera, convencer a una oposición con incentivos para no facilitar nada; hacia adentro, contener a una coalición que todavía no termina de procesar la diferencia entre ganar elecciones y gobernar.

El gobierno ha enviado al parlamento iniciativas para enfrentar la violencia escolar: el endurecimiento de penas a jóvenes involucrados en actos de violencia, la revisión de mochilas a la entrada de los establecimientos y la prohibición del uso de capuchas.

Son medidas de carácter punitivo, y como siempre ocurre con este tipo de respuestas, es legítimo preguntarse si la pura dureza normativa puede hacerse cargo de realidades juveniles que tienen raíces más complejas. La reciente agresión en un recinto universitario del sur a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, añade otra situación delicada al complejo cuadro de falta de diálogo y brotes violentos.

El gobierno de Kast anunciará la próxima semana el ingreso de su proyecto de reconstrucción al Congreso. Lo presenta como la columna vertebral de su administración. La iniciativa contempla, entre otras medidas, una reducción del impuesto a las empresas que ya generó rechazo antes de ser debatida en serio. Y llega en el peor momento posible: con el precio de la bencina en máximos históricos, la ciudadanía irritada por el alza y una oposición que decidió tensionar la cuerda desde el primer día.

La más reciente encuesta Cadem lo dijo con la frialdad que solo tienen los números: el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%) por primera vez desde mayo del año pasado. No es una debacle. Es un punto de inflexión. Y los gobiernos que no leen esos puntos a tiempo tienden a pagar un precio más alto después.

El problema de fondo no es solo político. Es de secuencia y de contexto. Cualquier reforma estructural que busca transformar el modelo productivo o el esquema fiscal requiere condiciones mínimas: un parlamento que dialogue, una ciudadanía dispuesta a escuchar y un ambiente económico que no esté encendido por factores ajenos al debate.

Hoy, ninguna de esas tres condiciones está asegurada. El alza de los combustibles llegó en el peor momento posible para un gobierno que quiere hablar de inversión y de confianza empresarial. Las personas no debaten en abstracto: debaten desde la realidad concreta de lo que les cuesta llenar el estanque.

La propuesta de bajar el impuesto a las empresas tiene, desde el punto de vista técnico, argumentos que pueden ser atendibles. Hay países que han tomado ese camino con resultados mixtos, y el debate sobre la carga tributaria a las empresas no es solo ideológico.

Pero hay una trampa de comunicación que el gobierno parece no haber calculado del todo: anunciar esa medida en un momento en que el costo de la vida sube, en que el pesimismo ciudadano supera al optimismo por primera vez en casi un año, y en que la discusión sobre los combustibles domina el espacio público, no es solo un error de timing. Es una señal sobre cómo se lee la realidad desde La Moneda. Y esa señal la leen también los parlamentarios, con sus propios incentivos.

Aquí aparece uno de los desafíos más agudos que enfrenta este gobierno en su etapa inicial: el de la comunicación política. No la comunicación entendida como prensa o redes sociales, sino la capacidad de construir un relato que conecte las decisiones técnicas con la experiencia cotidiana de las personas.

Es en ese puente donde se gana o se pierde la legitimidad de una reforma antes de que llegue siquiera al debate parlamentario. Y ese puente, por ahora, muestra grietas visibles. El gobierno ha apostado por explicar. Pero explicar no es lo mismo que persuadir. Y persuadir no es lo mismo que movilizar apoyo. Son tres operaciones distintas, y confundirlas tiene costos.

El Congreso es el escenario más complejo que enfrenta esta administración, y las señales que llegan desde allí son inquietantes. La oposición ya se ha coordinado para afinar una estrategia conjunta contra los aspectos más sensibles del proyecto, en particular la rebaja de impuestos corporativos. Pero lo más revelador no viene de ese flanco.

Parlamentarios del propio oficialismo han levantado la voz para señalar que el proyecto llega demasiado cargado, que mezcla materias que deberían tramitarse por separado. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, ha insistido en la necesidad de dividirlo, dado el alcance heterogéneo de sus contenidos.

El partido de Johannes Kaiser también ha expresado reparos. Y desde el PDG, Franco Parisi ha declarado que el proyecto requiere ajustes antes de poder respaldarlo. Es una acumulación de señales que el gobierno no puede ignorar: cuando los reparos vienen de todos los ángulos del espectro, el problema deja de ser de comunicación para convertirse en uno de conducción.

Que la tramitación se haya postergado para la próxima semana no es un detalle menor. El gobierno llegó a cierto grado de acuerdo con la UDI, lo que indica que hay negociación en curso. Pero negociar con parte de la coalición no es lo mismo que asegurar la viabilidad del proyecto en su conjunto. Un texto que genera dudas entre los aliados antes de llegar al debate con la oposición tiene todas las condiciones para quedar entrampado. Y un proyecto entrampado en sus primeras semanas no solo pierde tiempo legislativo: pierde el relato.

El peso de esa tarea recae de manera directa sobre el ministro del Interior Claudio Alvarado, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia José García Ruminot y la ministra vocera Mara Sedini. Alvarado y García Ruminot enfrentan una operación de doble filo: hacia afuera, deben convencer a una oposición con incentivos para no facilitar nada; hacia adentro, deben contener a una coalición que todavía no termina de procesar la diferencia entre ganar elecciones y gobernar.

Sedini carga con la parte más expuesta de esa tarea: sostener el relato público día a día, sin fisuras y sin pausas, traduciendo decisiones técnicas en mensajes que lleguen sin sensación de distancia ni de frialdad tecnocrática. No es un rol decorativo. En un gobierno que apuesta fuerte por la comunicación como herramienta de gobernabilidad, la vocería es el primer frente de batalla, y Sedini lo sabe. La habilidad para manejar esa simultaneidad —responder en el minuto, cuidar el tono, no perder el hilo del argumento central— es lo que define a los equipos políticos que dejan marca de los que simplemente administran el daño.

Hay una tensión que este gobierno va a tener que resolver más temprano que tarde: la que existe entre el programa que ganó la elección y el programa que puede gobernar. No son necesariamente la misma cosa. El Chile que votó por Kast votó por orden, por firmeza, por un liderazgo que hablara claro y actuara en consecuencia. Pero ese mismo Chile espera resultados concretos en el corto y mediano plazo, no solo señales ideológicas.

La baja del impuesto a las empresas puede ser coherente con el programa, pero si la ciudadanía la lee como una prioridad mal colocada en un momento de angustia económica, el costo político será desproporcionado al beneficio técnico. Y si los propios parlamentarios de la coalición la leen igual, el problema ya no es de comunicación.

Los primeros meses de un gobierno son irreversibles. Lo que se hace y lo que no se hace en esa ventana define los márgenes del resto del período. El proyecto de reconstrucción puede ser un punto de partida sólido o puede convertirse en el primer gran escollo. La diferencia no dependerá solo de su contenido, sino de la capacidad del gobierno para leer el momento político con la misma precisión con que preparó el texto legal.

El pesimismo que por primera vez supera al optimismo en la más reciente Cadem no es todavía una sentencia. La batalla en el Congreso que se avecina tampoco lo es. Pero sí son, juntos, una advertencia de primer orden. Y lo que haga el gobierno con esa advertencia en los próximos días será, probablemente, el hito más decisivo de su primera etapa.

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Hay que decirlo con todas sus letras: desde el regreso de la democracia, la violencia política ha sido patrimonio de sectores de la izquierda en colegios, universidades y en la calle. El estallido social fue, quizás, la expresión más paradigmática de esa realidad, donde incluso se jugó con la idea de interrumpir el hilo constitucional.

En economía, las trayectorias no se redefinen con la primera señal de ruido, pero tampoco se sostienen indefinidamente sin validación. Distinguir entre ambas cosas es, precisamente, el desafío central del diagnóstico económico.

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