Aquel relato de la “madre de todas las batallas”, que comienza a definir la oposición contra la rebaja tributaria y las medidas procrecimiento, no solo no se entiende mientras el Estado siga como está (como un botín), sino que tampoco hace sentido.

Como consecuencia de la guerra en Irán, subió el precio del diésel y las bencinas. Ante el fenómeno, la respuesta generalizada de buena parte de la política es ¡Que se ponga el Estado para amortiguar el shock! ¡Es insensible no hacerlo! dicen.

Sin embargo, las arcas fiscales revelan un desequilibrio relevante, a lo que se suma que, en los últimos 15 años, ha aumentado sostenidamente la deuda, mientras que los activos del Tesoro Público han disminuido, contribuyendo aquello a un alza significativa de la deuda neta, como da cuenta el Consejo Fiscal Autónomo.

Pero el clamor opositor (y también de una parte del oficialismo) es más Estado y más deuda, que perjudica a las generaciones actuales y futuras ¿Cómo entenderlo? Todo indica que los políticos están más preocupados por maximizar su posición actual que del bien común. De paso, quedan como “empáticos” y por último “paga el Estado”, es decir, paga Moya (solo que no paga Moya, y lo saben). A fin de cuentas, para estos actores el Estado no es otra cosa que un botín que debe ser aprovechado al máximo.

Por su parte, deudores de altos ingresos, que accedieron a un crédito con aval del Estado para cursar sus estudios de educación superior, no están pagando sus deudas. Hace poco, el Ministerio de Hacienda informó que serían cerca de 1800 personas en esta situación (con sueldos superiores a los $5 millones), con una deuda promedio de $11 millones por persona, lo que genera una merma de cerca US$20 millones al Estado.

En hora buena el gobierno ha señalado que acelerarán las acciones de cobro pues la irresponsabilidad o desidia en el cumplimiento de las obligaciones, tiene, además, un impacto en los recursos (in)disponibles para financiar otros programas sociales o la misma educación superior de los jóvenes hoy.

Todo esto en un contexto en el que, durante 2025, la Contraloría General de la Republica dio a conocer los resultados de una fiscalización que arrojó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero encontrándose con licencia médica. Buena parte de esos funcionarios, sin embargo, no tiene aún sus sumarios administrativos afinados y siguen como si aquí no hubiera pasado nada. Solo el 1% de los casos ha terminado en despidos, mientras que buena parte del resto de los procesos ha concluido solo con una anotación negativa en su hoja de vida funcionaria.

Solo en el sector salud, nos enteramos de que, de los 12.053 sumarios iniciados por uso indebido de licencias médicas, se han cerrado poco menos del 3%. Por su parte, el ente contralor dio recientemente a conocer que funcionarios públicos, con licencia médica, trabajaban en el sector privado mientras debían estar en reposo.

Y mientras tanto, la Dirección de Presupuestos informó que en los últimos cuatro años -y sin contar a los funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que pasaron desde los municipios al gobierno central-, el empleo público aumentó un 5%, lo que se traduce en un incremento de 441.000 trabajadores, siendo los Ministerios de Defensa y de Cultura los que lideraron el aumento.

Y como no, si el Estado es percibido por muchos como un botín, cuantioso y lucrativo, en donde, además, todos son calificados con nota sobresaliente para llevárselo.

A su turno, hoy exfuncionarios del Ministerio de Justicia, de confianza de las otrora autoridades de esa repartición, en vez de poner sus cargos a disposición al concluir el mandato de quién los contrató, se quedaron. Al ser despedidos, sin embargo, hicieron gala de la tirria que les causaba trabajar con las autoridades actuales, sin perjuicio de los cual y, de todas formas, se quejaron ellos -u otros por ellos- de su despido, como si fueran dueños de los cargos.

El lamentable telón de fondo de todos estos casos es la concepción normalizada del Estado como botín. Así, dónde se supone debe prevalecer el interés general, por sobre el interés particular, termina imperando el actuar -contrario a la Constitución y la ley- en beneficio propio. El fenómeno ocurre, en parte, por falta de ética, qué duda cabe, pero también por problemas de orden institucional: la complejidad de los despidos en el sector público, el mal diseño de la legislación sobre licencias médicas (que bien podría el Congreso corregir, avanzando en el proyecto de ley presentado) y/o por la dificultad para emprender acciones de control y procesos sancionatorios (parte de lo cual ha comenzado a cambiar dada la mayor actividad de los organismos de control y de quiénes han asumido el gobierno).

En ese contexto, diversos funcionarios (no todos, por cierto, pero suficientes para generar alarma) extraen las mayores rentas posibles y maximizan su posición, sin pudor alguno.

Pero todo tiene un límite, a lo menos políticamente hablando.

Si el carácter de botín del Estado se ha normalizado, a vista y paciencia de los que defienden una mayor acción estatal, todo indica que no les resultará fácil defender a ese Estado y menos sus atributos “en beneficio” del bien común en la próxima discusión sobre rebaja de la carga tributaria y reactivación económica. Y es que no podrán señalar, no sin vergüenza a lo menos, que la reforma perjudicará la acción “social” del Estado pues, dado el contexto, lo que aparece es que buena parte de los aumentos de impuestos de los últimos años y del mayor número de contrataciones públicas han servido penosamente (pero en buena medida), a quienes han venido a servirse del Estado, como un botín.

Así las cosas, aquel relato de la “madre de todas las batallas”, que comienza a definir la oposición contra la rebaja tributaria y las medidas procrecimiento, no solo no se entiende mientras el Estado siga como está (como un botín), sino que tampoco hace sentido. ¿Batallar y combatir qué? ¿Acaso las medidas que buscan, esta vez, empoderar a las personas e incrementar sus oportunidades? Si es así, no suena bien. Tampoco el ir a dar la pelea para seguir haciendo crecer el botín del que muchos profitan.

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