Esta semana ocurrió uno de los hechos más nefastos que han ocurrido en los últimos años, cuando una jueza de la República dejó en libertad a un sicario. Más allá de la responsabilidad de la titular del tribunal, que ciertamente existe, el hecho constata la escalofriante realidad de un país que no sabe o no puede responder a una profunda y extendida crisis de seguridad que tiene a la ciudadanía dispuesta a preferir soluciones rápidas, incluso si estas impliquen autoritarismo.

Desde el gobierno, que debería ser el primero en interesarse por hacerse cargo de asuntos como estos, no ha habido ni una sola respuesta convincente. Pero con justa razón, porque en realidad nunca le ha interesado de verdad. ¿Y cómo lo va a estar si, desde el comienzo, solo ha sido capaz de dar excusas y explicaciones para justificar sus errores, escondiendo el fondo del asunto detrás de su propia incapacidad?

Desde que el Presidente Gabriel Boric sostuvo que la crisis de seguridad era una exageración mediática —un caso de cherry-picking— ya era evidente que nada se iba a hacer. Si hasta su subsecretario a cargo del asunto, el cuestionado Manuel Monsalve, declaró que el Tren de Aragua no presentaba ningún riesgo para el país, es porque nunca hubo ni siquiera la más mínima intención de hacer algo en materia de prevención.

Y si las señales políticas no son evidencia suficiente de aquello, habría que mirar los hechos. Cuando el Presidente se dio el lujo de indultar a al menos una docena de presos condenados por la justicia —y a un terrorista—, se extinguió toda posibilidad de pensar que la solución podría venir por conducto regular.

De hecho, nunca se ha aceptado institucionalmente, desde el gobierno de Chile, lo que se ha comprobado por todos los medios imparciales disponibles, y es que hay una relación directa e innegable entre la laxitud de la forma en que se ha manejado la frontera, la cantidad de criminales de alto riesgo que han entrado........

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