Seis años después del estallido de octubre de 2019, con toda la información disponible, con mayoría propia en la Cámara y con un mandato que pedía identificar autores, cómplices e instigadores, la única versión oficial del episodio dice que la culpa fue del aparato. La pregunta que queda abierta, entonces, no es si el informe se aprueba o se rechaza en Sala. Es dónde están los responsables, y quién los va a nombrar si no lo hace este Congreso.

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El martes 18 la comisión investigadora del 18-O aprobó su informe final por 8 votos contra 4. La conclusión central es que hubo incumplimientos del gobierno de la época en el resguardo del orden público, que no existía capacidad preventiva ni un sistema de inteligencia robusto, que las instituciones no compartían información entre sí, y que faltaba desarrollo normativo sobre infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia.

Lo notable, sin embargo, no es lo que el informe encontró, es lo que no encontró. Pues la comisión, creada en abril de este año por iniciativa del Partido Nacional Libertario, se había conformado precisamente para identificar a autores, cómplices e instigadores de la violencia, además de detectar rastros de financiamiento. Cuatro meses después, y según lo que se ha reportado del texto, no hay nada de eso, solo un diagnóstico sobre coordinación institucional.

El problema es que al no nombrar a nadie en particular, le asigna la culpa a todos por igual. Un texto que concluye que falló........

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