MADRID, 17 Oct. (OTR/PRESS) -

La imputación del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, por unanimidad de la Sala correspondiente, es una pésima noticia no solo para él y para el Gobierno que lo nombró sino para la confianza de los ciudadanos en la justicia, para la propia justicia y para el Estado de Derecho. Pero no es una sorpresa. Todos, incluso él, lo esperaban. Casi todos, menos él y quienes tienen que cumplir sus órdenes por mandato legal, estaban seguros de que se iba a producir. Casi todos los gobiernos han obviado los graves problemas que tiene la justicia y que dañan su funcionamiento y perjudican a los ciudadanos, pero todos, sin excepción, han intentado meter la mano para controlarla, nombrar fiscales "cercanos" -sólo uno, Eduardo Torres Dulce se atrevió a dimitir- y dirigir los otros nombramientos. Pero, como decía Daniel Gascón, "las extralimitaciones del Gobierno (de este Gobierno) poseen un componente novedoso de........

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