Salvador Illa i Roca ya es president y Carles Puigdemont i Casamajó, que ya lo era, es también el nuevo jefe de la oposición, si bien, todavía tardará un tiempo en poder estrenar su escaño en el Parlament. IIla es el 133 president de la Generalitat en la serie que empieza con el obispo de Girona Berenguer de Cruïlles (1359-1362) y de la cual forma parte también Carles Puigdemont como número 130. Illa es un president tan legítimo como Puigdemont en el plano histórico y en el democrático: ambos han sido validados por las urnas, donde se les eligió como diputados, e investidos por el Parlament. Pero sucede que Puigdemont solo puede ejercer parcialmente, a distancia, sus derechos políticos, porque la misma ley que los garantiza al nuevo inquilino de Palau y jefe del Consell Executiu, a él se los niega. Lo cual quiere decir, por extensión, que tampoco los ciudadanos y ciudadanas que votaron a Puigdemont, a pesar de ser un candidato perfectamente legal, disfrutan a la práctica de los mismos derechos que los que votaron a Illa o a todo el resto de líderes de los partidos con representación en la cámara catalana: el jefe de la lista de Junts no puede estar en el Parlament e intervenir en sus decisiones, por más democráticas que fueran formalmente las elecciones del 12 de mayo pasado. De hecho, en el 2018 se le impidió ser investido por ello, por no poder estar presente, al negársele la elección telemática.

Es la expresión y la persistencia de una anomalía, de una asimetría democrática en el plano de la igualdad de derechos, que explica en buena parte los hechos del jueves pasado, día de la investidura de Illa y del retorno de Puigdemont a Catalunya después de casi siete años de exilio. El mismo cuerpo de los Mossos d'Esquadra, a una compañía de honor de los cuales, como es costumbre, pasó revista al flamante president recién investido, impidió al diputado Puigdemont acceder a la cámara catalana,........

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