¿Tiene que regresar el president Carles Puigdemont a Catalunya si se convoca una sesión de investidura, a pesar del riesgo renovado de ser detenido y enviado a prisión? La pregunta, con todas sus derivadas, es una de las que sobrevuelan las conversaciones de quienes siguen las evoluciones del embrollado escenario político catalán en un verano extraño que —la climatología lluviosa lo subraya— no acaba de empezar y ya ha agotado un tercio de su duración en el calendario. De entrada, la respuesta que se da desde Junts per Catalunya es que el líder independentista, en el exilio desde finales de 2017, no puede hacer otra cosa que volver. Si no lo hiciera, incumpliría su palabra —sus críticos añadirán: "por enésima vez"— y, además, se sugiere, dejaría el campo totalmente libre para una investidura de su rival, Salvador Illa, El socialista es quien en estos momentos tiene más opciones de lograrla, a pesar de las dificultades que entraña el pacto que está negociando con ERC: tanto por la falta de una oferta de peso en materia de financiación, más allá de descongelar el consorcio tributario, surgido en la operación rebajas del Estatut de 2006, como por la incógnita de que la militancia republicana avale un eventual preacuerdo con la dirección interina del partido, encabezada por Marta Rovira.

Así que, volviendo a Puigdemont, y según la tesis dominante en Junts, el president tiene que volver. A pesar de la jugada de los jueces del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Manuel Marchena de reinterpretar chapuceramente el delito de malversación para que no pueda ser amnistiado, si Puigdemont es detenido, previsiblemente sus abogados pedirían medidas cautelarísimas para que el Tribunal Constitucional lo deje libre mientras no resuelve el fondo de la cuestión. No obstante, los últimos días han aparecido voces, tanto en despachos políticos como en entornos mediáticos y de la sociedad civil, que son de la opinión de que........

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