En el momento de escribir este artículo, han pasado tres días largos desde que la ley de amnistía fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Tres días largos es una cantidad de tiempo más que suficiente como para que la normativa en cuestión hubiera sido publicada en el Boletín de las Cortes y remitida al jefe del Estado, el rey Felipe VI, para su sanción y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pues bien, nada de todo eso ha sucedido, el monarca no ha recibido todavía el texto, la ley continúa legalmente en el limbo y en el gobierno de Pedro Sánchez no son capaces de aclarar cuándo entrará en vigor.

Que esta sea la segunda semana de la campaña electoral de las europeas no debería ser obstáculo —el bien o el mal ya están hechos— para el cumplimiento de los trámites ya lo bastante dilatados durante la negociación del PSOE con Junts y ERC y el posterior secuestro del texto durante dos meses por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Pero en política nada suele ser casualidad y los indicios de que el Ejecutivo español está alargando el calendario para conseguir que la ley esté operativa lo más tarde posible sí tiene una incidencia clara en el futuro inmediato de la todavía no nata nueva legislatura catalana.

El retraso en la publicación de la ley implica aplazar también el levantamiento judicial de medidas cautelares a los beneficiarios, con independencia de los recursos que se promuevan —si es que los jueces no prevarican y hacen caso omiso de la normativa­—. La cautelar políticamente más relevante es la orden de detención en........

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