En 1819, el presidente del Tribunal Supremo de EEUU, John Marshall, acuñó una máxima de enorme actualidad en España: "El poder fiscal de cobrar impuestos implica el poder de destruir". En ella se resume la política impositiva desplegada por la coalición social comunista desde su acceso al poder y su decisión de convertir en permanentes los impuestos "excepcionales y temporales" aplicados a la banca y a las compañías energéticas. Ello no obedece a criterio alguno de racionalidad económica, financiera o redistributiva. Por añadidura, la excepcionalidad aducida para legitimar su introducción (el alza de los precios de la energía y la subida tipos de interés a raíz de la escalada de la inflación) ha desaparecido. Se está ante una medida ideológica, cuajada de demagogia al servicio de un único propósito: financiar el desmesurado crecimiento del gasto público sin tener en cuenta su impacto sobre la actividad productiva, sobre el empleo y sobre la competitividad de la economía española.

Para empezar, el Gobierno español ha incumplido de manera sistemática las resoluciones de la Unión Europea. Ha empleado la cifra de negocios como base imponible en vez de los beneficios. Ha mantenido esos gravámenes en 2023 y 2024 y pretende prolongarlos sine die cuando la normativa europea fijó el límite de su vigencia en 2023. Ha vulnerado su compromiso de ajustar esa tributación a los criterios establecidos por la UE. Ha desoído la llamada de la Comisión Europea (CE) a eliminarlos por la enorme incertidumbre generada en los inversores. Y, ahora, en un escandaloso ejercicio........

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