En 1991, durante la vigesimosexta sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se tomó una decisión de las que suelen perder valor con el tiempo; en este caso, por las complejidades del ámbito del que se discutía —enseguida veremos por qué— y por un hecho relativamente sencillo de entender: que no hay ni puede haber palabras que aseguren cierto tipo de cosas. Piensen en las constituciones políticas, por ejemplo. Es obvio que, por mucho que la norma fundamental de un Estado asegure una serie de derechos, son las leyes inferiores las que determinan su cumplimiento y hasta su anulación, como ocurre con el derecho a la vivienda en nuestro país (artículo 47). Y da igual que exista o no un “principio de jerarquía normativa” (artículo 9) que intente aclarar qué ley es la prioritaria. Al final, el conde de Romanones tiene razón con la conocidísima frase que se le atribuye: “Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos”. Aunque la forma normal sea la contraria, es decir, no hacerlos.

El caso de la vivienda es un caso de falta de voluntad, más que otra cosa; se incumple esencialmente porque ningún Gobierno lo ha querido desarrollar en la práctica; pero hay cuestiones de trasfondo mucho más enrevesado, como el que está detrás de aquella reunión del organismo de Naciones Unidas: la decisión de celebrar cada 3 de mayo el aniversario de la Declaración de Windhoek, conocido desde entonces como Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Quién está en contra, en principio, de una declaración de generalidades con buena intención? En general,........

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