¿Por qué las organizaciones empresariales españolas han decidido no sentarse a debatir sobre la participación de los trabajadores en las empresas? La pregunta es relevante porque lo que está en juego no es una ocurrencia política coyuntural, sino el desarrollo de un mandato constitucional que lleva casi medio siglo pendiente.

El pasado 2 de febrero el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el informe “Democracia en el trabajo”, elaborado por una comisión internacional de expertos en relación con el artículo 129.2 de la Constitución española. Este precepto establece dos mandatos: los poderes públicos deben promover eficazmente las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción.

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