Acusar sin pruebas puede ser constitutivo de delito, concretamente de denuncia falsa o calumnia cuando se imputa a alguien un hecho delictivo a sabiendas de que es falso o con temerario desprecio a la verdad. Esto rige para todo ciudadano, salvo que la acusación la realice en sede parlamentaria un miembro de las Cortes Generales porque goza de inmunidad y, en ese caso, puede sostener gratuitamente la mayor barbaridad contra un adversario sin consecuencia alguna.

La jurisprudencia del Supremo y el Constitucional viene a decir además que los políticos tienen menos derecho al honor que el resto de ciudadanos porque dedicarse a la cosa pública lleva implícito soportar todo tipo de disparates, lo que en los últimos tiempos se ha convertido ya en un deporte nacional, y no solo en el Congreso de los Diputados. El PP ha acusado, dentro y fuera del Parlamento, a Fernando Grande Marlaska de encubrir un delito de violación presuntamente cometido por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Lejos de tener prueba alguna que acredite su denuncia, los populares habían escuchado, como cualquier español medianamente informado, al abogado de la víctima, declarar en varias televisiones que la denuncia se mantuvo en secreto por la relevancia del denunciado y que la mujer informó de ella el martes por la tarde a su superior jerárquica. 

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