A lo largo de 2025 el Gobierno ha conmemorado el cincuenta aniversario del inicio de la Transición. Para muchas historiadoras e historiadores que trabajamos habitualmente en los archivos, esa cifra tiene un significado que va más allá de la conmemoración simbólica. Los cincuenta años marcan, en la Ley de Patrimonio Histórico Español, un umbral fundamental a partir del cual se levantan la mayor parte de restricciones para la consulta de la documentación histórica.  

Esto significa que prácticamente toda la producción documental de la dictadura franquista debería ser, desde el pasado mes de noviembre, accesible para la ciudadanía. Con independencia de que contenga datos personales, policiales, penales o se conserve en archivos públicos o privados, la normativa garantiza el acceso público a estos fondos.

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