Cartagena vive una paradoja que cualquiera que la recorra puede notar en menos de media hora: la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad, convive con un anillo de asentamientos que crecieron al margen de toda planeación. Según cifras oficiales del Distrito, cerca del 40% del perímetro urbano tiene origen informal. No es una anomalía reciente: es el resultado acumulado de décadas en las que la ciudad formal, avanzó mucho más lenta que la ciudad real, la que se construyó casa por casa, sin licencias ni redes de servicios, en zonas de manglar, de bajamar o de alto riesgo. Ese contraste no es solo un problema urbanístico. Es, ante todo, una cuestión de derecho a la ciudad: la posibilidad real —no solo formal— de que todo habitante acceda a la ciudad que habita en condiciones dignas y seguras.

El dato es elocuente: de las 2.723 hectáreas que el Plan de Ordenamiento Territorial definió en 2001 como suelo de expansión, apenas el 1,7% se desarrolló siguiendo esa planeación formal, mientras que cerca de 844 hectáreas fueron ocupadas de manera informal, buena parte de ellas en zonas de protección ambiental o de riesgo no mitigable. Ese desfase entre lo planeado y lo ocurrido es, en el fondo, la historia urbana reciente de Cartagena.

Frente a esa realidad, el Distrito ha empezado a moverse. Por primera vez, la Alcaldía adelanta la formulación de una Política Pública de Legalización Urbanística de Asentamientos de Origen Informal, con el Concejo Distrital habilitando al alcalde Dumek Turbay para expedir los actos administrativos necesarios hasta 2027. Barrios como Villa Rosa, Policarpa, Puerta de Hierro, Arroz Barato, La........

© El Universal