Por el bien de la república y en congruencia con los principios morales que el partido en el gobierno ofreció al electorado para llegar al poder, deben investigarse y transparentarse sin dejar lugar a dudas los señalamientos de vínculos delincuenciales de los hijos de AMLO y sus presuntas conductas de corrupción y tráfico de influencias.

La urgencia de hacerlo se multiplicó tras conocerse la noche del pasado jueves 13 de agosto la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán, anunciada por él mismo en una áspera carta que remitió a Donald Trump y dio lugar a reacciones por igual críticas que de respaldo y a una encriptada amenaza estadounidense que en nada ayuda a la complicada gestión de la presidenta Sheinbaum con Washington y golpea además el prestigio del proyecto político de la 4T y Morena.

Sin cerrar los ojos a la urgente necesidad de transparentar las conductas de Andy, no está de más escarbar en la interpretación que hizo el segundo hijo de AMLO sobre las razones de la cancelación de su visa y también rescatar lo que entre líneas dijo un vocero de la embajada de Estados Unidos en México en un video posteado la noche del pasado viernes 14 de agosto.

En su carta a Trump, López Beltrán acusa al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario, Christopher Landau, de retirarle el permiso de entrada a Estados Unidos sin tener prueba de algún acto inmoral o delictivo por él cometido, razón por la cual exige presentar evidencia en respuesta a su carta o si no pedir la renuncia a sus funcionarios.

A juicio de Andy, se trata de una “decisión de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”.

La respuesta de la embajada estadounidense que en México encabeza el exagente de la CIA, Ronald Johnson, reiteró lo dicho desde que hace poco más de un año, el 10 de mayo de 2025, cuando les fue revocada la visa a la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su exesposo Carlos Torres Torres: “Una visa es un privilegio, no un derecho, cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio… y puede ser cancelada en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense”. Suponemos que Washington entiende que esto aplica también para México, quien tiene la prerrogativa de decidir -como lo ha hecho- a cuántos agentes antidrogas o de inteligencia les permite ingresar a nuestro territorio y rechazar el ingreso a nuestro territorio de fuerzas armadas........

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