Durante las últimas semanas he venido escribiendo sobre las competencias que la Constitución y la ley le han reconocido a Cartagena como Distrito Especial y que, en muchos casos, todavía pueden aprovecharse mejor. Hay otro asunto que merece incorporarse a esa conversación: la consulta previa y su enorme importancia para el desarrollo de nuestra ciudad.

El pasado 1 de septiembre fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 218 de 2026, mediante el cual se pretende establecer el procedimiento administrativo de la consulta previa y organizar institucionalmente su desarrollo. La iniciativa busca que este derecho fundamental cuente con reglas más claras, responsabilidades definidas y mejores mecanismos de seguimiento.

Si bien el debate legislativo pareciera tener un alcance exclusivamente nacional, para Cartagena adquiere una particular relevancia: nuestra condición geográfica, ambiental, portuaria, turística e insular propicia que numerosas intervenciones públicas y privadas coincidan con áreas habitadas por comunidades negras, afrocolombianas o indígenas, configurando escenarios donde la consulta previa resulta un imperativo constitucional.

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Barú, Tierra Bomba, las islas y distintos sectores de nuestra zona costera permiten comprender la dimensión del asunto. Proyectos turísticos, marinas, obras de protección costera, intervenciones ambientales, dragados, infraestructura portuaria o decisiones relacionadas con la movilidad marítima pueden llegar a involucrar procesos de consulta previa. Por eso, para Cartagena no se trata de una discusión abstracta.

Un ejemplo cercano y de enorme importancia es el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, fundamental para Cartagena y........

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