Hay reformas que nacen con vocación de permanencia y otras que, desde el primer momento, revelan más entusiasmo político o venganza política que diseño institucional. La reforma judicial de 2024 pertenece, cada vez con mayor claridad, a la primera categoría. Se apostó por una idea tan potente en lo discursivo como frágil en lo práctico: elegir a las personas juzgadoras por voto popular como si la justicia pudiera someterse, sin más, a la lógica electoral.

No fue un error menor, fue una pésima idea. Una cosa es abrir el Poder Judicial a la ciudadanía y otra muy distinta es trasladar a las urnas decisiones que, por su propia naturaleza, exigen conocimientos técnicos, trayectorias profesionales verificables y criterios de evaluación que no se construyen en campañas ni se condensan en boletas. La reforma partió de una premisa equivocada: que el problema de la justicia era quién elegía a las y los jueces, y no cómo se garantizaba su capacidad para juzgar.

El primer ejercicio electoral judicial y su materialización terminaron por exhibir las grietas de ese planteamiento. Expedientes acumulados, procesos de evaluación rebasados, criterios de idoneidad que se diluyeron frente a la urgencia de cumplir plazos. Y, sobre todo, una ciudadanía enfrentada a decisiones altamente especializadas en medio del ruido propio de cualquier contienda electoral. Pedirle al electorado que distinga entre perfiles jurídicos complejos bajo........

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