El gobierno de Claudia Sheinbaum levantó un muro comercial contra Asia, y en especial contra China. Un arancel de hasta 50% que, más allá de lo técnico, envía un mensaje político en tres direcciones: a la industria automotriz mexicana, a Xi Jin Ping y, sobre todo, a Estados Unidos.

La Presidenta y su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salieron rápido a matizar la decisión. No es un acto de confrontación con ningún país, dijeron, sino una medida para proteger empleos y producción locales. El nuevo arancel forma parte de un paquete que abarca más de 1,400 fracciones arancelarias, desde autopartes hasta acero, textiles, vidrio, electrónicos y cosméticos. El valor de las importaciones englobadas significa más de 52 mil millones de dólares.

El punto clave es la industria automotriz. En 2024, México importó vehículos de China por un valor de 5 mil 332 millones de dólares, mientras que apenas exportó 262 millones. El déficit automotriz con ese país escaló a más de 5 mil millones de dólares, el mayor en la historia bilateral. En volumen, las compras rebasaron las 415 mil unidades en 2023 y representaron 302 mil 837 vehículos en 2024, equivalentes al 20% de las ventas nacionales. En apenas tres años, la participación de autos chinos pasó de ser marginal a amenazar el equilibrio de un sector que explica el 23% del PIB manufacturero y que es el motor económico del Bajío y el norte del país.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) celebró la medida. Los fabricantes instalados en México bajo el paraguas del T-MEC estaban perdiendo terreno ante lo que consideran dumping chino: precios por debajo de la referencia global, resultado de subsidios estatales y exceso de inventarios. Del otro lado, distribuidores y marcas chinas advierten que el muro encarecerá las unidades, frenará la electrificación automotriz y recortará la oferta en segmentos de entrada.

La reacción en China fue instantánea. El Ministerio de Comercio calificó la medida de “arbitraria” y acusó a México de ceder ante la presión estadounidense. La Cancillería pidió actuar con “extrema cautela” y advirtió que tomará “medidas necesarias” para proteger sus intereses.

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