El gobierno de Estados Unidos habría mandado realizar varias encuestas para conocer qué piensan los mexicanos sobre algunos de los temas que hoy dominan la relación bilateral en materia de seguridad, según una fuente del gobierno federal, cuya información fue corroborada con una encuestadora.

Los resultados llegaron hace un par de semanas a las manos de Donald Trump y ofrecen una radiografía poco común sobre el estado de la opinión pública mexicana frente al crimen organizado, la cooperación con Washington y uno de los asuntos políticos más espinosos para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El dato más llamativo fue el relacionado con una eventual intervención del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales en México. En promedio, cuatro de cada diez personas consultadas dijeron estar de acuerdo con una acción de ese tipo. No es una mayoría, pero sí representa un porcentaje significativo en un país donde la defensa de la soberanía ha sido, durante décadas, uno de los principales argumentos para rechazar cualquier participación directa de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad.

Las mismas mediciones incluyeron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. El resultado fue todavía más contundente. Ocho de cada diez entrevistados consideraron que el exgobernador de Sinaloa debería ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.

Ese porcentaje coincide con algunas encuestas privadas publicadas en los últimos meses, aunque los estudios encargados por el gobierno estadounidense habrían tenido un propósito distinto, ya que no buscaban alimentar el debate público ni formar parte de una estrategia de comunicación. Su objetivo era ofrecer información para la toma de decisiones de la Casa Blanca en uno de los temas que Donald Trump ha colocado como prioridad desde el inicio de su administración.

La información fue procesada mientras desde Estados Unidos incrementaba la presión sobre el gobierno mexicano en distintos frentes. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las investigaciones del Departamento de Justicia contra presuntos colaboradores del crimen organizado, las amenazas de nuevas acciones unilaterales y el endurecimiento del discurso de altos funcionarios de ese país forman parte de una misma estrategia que busca aumentar el costo político para quienes, desde la óptica de Washington, han permitido la expansión de los grupos criminales.

En ese contexto, los resultados adquieren una relevancia política, porque si casi la mitad de los mexicanos no rechaza de entrada una intervención estadounidense para combatir a los cárteles, la narrativa tradicional sobre la defensa irrestricta de la soberanía comienza a mostrarse vulnerable. La violencia, la extorsión, el control territorial del crimen organizado y la percepción de impunidad parecen estar modificando la manera en que una parte de la sociedad entiende la cooperación con Estados Unidos.

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