El 1 de septiembre marcará un parteaguas institucional. Ese día se instalará la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se consumará la reforma judicial más ambiciosa (¿y peligrosa?) en décadas. 

La jornada comenzará a las cinco de la mañana con la “purificación” de espacios en las instalaciones de la Corte en José María Pino Suárez 2. Continuará con la ceremonia de consagración, la entrega de bastones de mando, y culminará por la noche con la toma de protesta de los nuevos ministros en el Senado a las 19:30 horas y la sesión solemne de instalación a las 22:00. Una liturgia cuidadosamente diseñada para envolver con símbolos de legitimidad popular lo que en realidad es el rediseño de uno de los tres poderes de la Unión.

La nueva integración de la SCJN quedó definida a través de un sorteo de ponencias, un mecanismo que buscó imprimir imparcialidad pero que hereda responsabilidades de enorme calado. María Estela Rodríguez asumirá la ponencia de Jorge Pardo Rebolledo; Sara Irene Herrerías la de Javier Laynez; Giovanni Azael Figueroa Mejía la de Juan Luis González Alcántara; Arístides Rodrigo Guerrero García la de Margarita Ríos Farjat; Irving Espinosa Betanzo la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Hugo Aguilar Ortiz, el ministro más votado en la elección popular y próximo presidente de la Corte, ocupará la ponencia de Norma Piña. A ellos se suman las ministras reelectas Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que conservarán sus despachos y equipos. En conjunto, nueve integrantes que deberán hacerse cargo de más de mil 200 asuntos distribuidos en 42 categorías, desde amparos directos y conflictos de competencia hasta controversias constitucionales que definirán el alcance del nuevo presidencialismo.

El rediseño institucional llega acompañado de un telón económico. El gobierno prepara un decreto que permitirá a empresas y contribuyentes pagar adeudos fiscales sin intereses ni recargos mediante convenios con el SAT, una medida que ofrece oxígeno a los privados, pero que también refleja pragmatismo recaudatorio: mejor asegurar ingresos inmediatos que perderlos en litigios prolongados. El elefante en medio de la sala es el caso del Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego, y otros que tienen que ver con el comercio exterior y las aseguradoras. No obstante, el sector privado y los organismos internacionales observarán con lupa no solo las señales fiscales, sino la independencia de la Corte, porque un tribunal subordinado al Ejecutivo se traduce en primas de riesgo más altas, menor confianza de los inversionistas y........

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