Mientras en Palacio Nacional y en Morena buscan desmarcarse del alicaído grupo político de Adán Augusto López –que lidera una facción del Grupo Tabasco–, los tentáculos del exsecretario de Gobernación y aún presidente de la Jucopo en el Senado siguen operando con fuerza dentro del gobierno federal. Uno de los muchos casos que se están documentado tiene que ver con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), esa dependencia que en teoría nació para combatir la corrupción, pero que en los hechos se ha convertido en su mejor escondite.

Desde hace meses, en los pasillos del INDEP se habla abiertamente de las decisiones que se toman desde Tabasco. El hilo lleva a Mónica Fernández Balboa, exsenadora, exaspirante a la gubernatura, del grupo de Adán Augusto López y hoy figura clave en la operación de contratos dentro del Instituto. Y como muchas de las historias de esta y la pasada administración, el guion se repite: licitaciones amañadas, empresas fantasma, contratos inflados y moches.

El caso más reciente y escandaloso es el de una adjudicación directa disfrazada de “invitación restringida” (folio IA-06-HKA-006HKA999-N-83-2025), mediante la cual el INDEP entregó un contrato por mil 173 millones de pesos a Atlantis Operadora de Salud (OMA), empresa conocida por su historial de contratos sospechosos en varias dependencias del sector salud. Esta misma firma había sido desechada semanas antes en una licitación abierta (N-70-2025), tras detectarse que presentó propuestas duplicadas en contubernio con SAVITAR, otra empresa de su propio grupo.

La evidencia era contundente: hojas membretadas cruzadas, documentos duplicados y una clara intención de simular competencia. La denuncia llegó al Órgano Interno de Control del INDEP, pero en lugar de quedar vetados, los mismos protagonistas fueron invitados de nuevo y, para sorpresa de nadie, ganaron.

¿Quién validó el proceso? El equipo de Mónica Fernández, encabezado por Salim Arturo Orci Magaña, quien dirige la Dirección Corporativa de Liquidación. Lo más grave es que la empresa presentó una licencia sanitaria supuestamente expedida por la Cofepris para servicios de medicina nuclear, a nombre del Centro Oncológico Internacional (COI), el cual ni tiene esa licencia........

© El Universal