La Presidenta de México no nos ofreció un ajuste técnico de cifras de desaparecidos, entregó un indulto. Un indulto histórico. Al borrar víctimas desde el escritorio, el Estado no solo maquilla cifras; diluye responsabilidades. La guerra de Felipe Calderón, la indolencia de Enrique Peña Nieto, la continuidad de Andrés Manuel López Obrador y el presente bajo Claudia Sheinbaum quedan envueltos en una misma operación: si la cifra baja, la culpa también. Quienes prometieron no ser iguales han optado por perfeccionar el mismo borrador.

Porque eso fue lo que vimos: no una política de búsqueda, sino contaduría macabra. El gobierno volvió a presentar cifras sobre la crisis de personas desaparecidas sin informar hallazgos, exhumaciones ni desmantelamiento de redes criminales. No hubo resultados, hubo categorías. No hubo justicia, hubo clasificación. Administrar el horror sustituyó a enfrentarlo.

La llamada “nueva” estrategia divide a las víctimas en tres grupos: sin “actividad de trámites”, con actividad y “sin datos suficientes”. El lenguaje es técnico; la intención, evidente. No busca comprender el fenómeno, sino reducirlo. Rasurar padrones sin cumplir la obligación central del Estado: buscar y encontrar. Convertir la desaparición en un problema de registro es, en el fondo, una forma de evadirla.

Conviene decirlo sin rodeos. En ningún estándar internacional —ni en los protocolos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ni en la jurisprudencia interamericana— una persona deja de estar desaparecida por un movimiento burocrático. Que una CURP registre actividad, que exista un trámite o un cruce de padrón no acredita localización. Puede ser homonimia, robo de identidad, error o uso de datos por los perpetradores. Una persona solo deja de estar desaparecida cuando el Estado confirma físicamente su paradero, asegura su identidad y garantiza su integridad. Todo lo demás es simulación.

Reducir la tragedia a cruces de bases de datos no es solo un error técnico; es una ofensa. Mientras el gobierno ajusta categorías, madres buscadoras recorren el país con palas y varillas. Ellas no buscan “actividad administrativa”; buscan restos, verdad, justicia. Los registros son herramientas auxiliares, no la investigación. El trabajo real es forense y territorial. El confort del escritorio no sustituye el campo, y un clic no reemplaza a la justicia.

Lo que está en juego no es la cifra, sino la realidad. Cuando el Estado decide que alguien deja de contar por falta de datos o por un movimiento administrativo, lo despoja de su historia. Deja de ser hijo, hermana o padre; se vuelve un estorbo estadístico. Y lo que no se cuenta deja de doler. Ese parece ser el objetivo: disminuir el número para disminuir la presión.

No es la primera vez que el poder intenta resolver la desaparición con lenguaje. “No son, ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, dijo Jorge Rafael Videla para justificar el vacío. Hoy no se repite la frase, pero sí la lógica: no negar la ausencia, sino diluirla hasta volverla irreconocible.

Esta maniobra no es neutra. Al depurar cifras sin depurar responsabilidades, el gobierno se absuelve y absuelve a todos. El pasado reciente queda cubierto por una amnistía silenciosa y el presente se blinda con el mismo recurso: si no hay registro, no hay problema.

Pero los desaparecidos no se esfuman porque cambie la categoría. Permanecen en las fosas, en expedientes incompletos, en la memoria de quienes los buscan. Son una deuda abierta que ningún ajuste estadístico puede saldar. Convertir la tragedia en número es una forma de rendición. Y un país que borra a sus desaparecidos no solo pierde la cuenta: pierde la justicia.

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