México se está acostumbrando a una forma particularmente corrosiva de degradación institucional: la conversión del derecho penal en arma, herramienta de presión, escarmiento y administración política. El fenómeno no necesita uniformes espectaculares, policías secretas ni decretos de excepción para producir daño, solo le basta una fiscalía dispuesta a forzar tipos penales, una opinión pública dispuesta a celebrar la humillación anticipada del señalado y un ecosistema político que obtiene rentabilidad inmediata de cada imputación ruidosa.

A finales de 2025, escribí en EL UNIVERSAL un artículo titulado "Derecho Penal: Arma Política" donde contrasté que mientras la violencia criminal real suele enfrentar respuestas erráticas o indulgentes, el aparato punitivo se activa con ferocidad cuando el blanco resulta útil para disciplinar periodistas, críticos o actores incómodos.

En ese artículo me referí a casos como el de Rafael León Segovia periodista imputado por terrorismo, o bien el caso de Joel Marin García encarcelado bajo una acusación de lavado de dinero después de promover amparos contra una expropiación irregular, también el caso de la abogada tamaulipeca castigada con una multa millonaria por señalar una omisión procesal, entre otros.

La trampa conceptual de las fiscalías es siempre la misma: confunden imputar con probar, detener con condenar, investigar con tener razón. Desde esa ambigüedad se desmorona la arquitectura mínima del Estado de derecho.

Los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución no son adornos retóricos del constitucionalismo mexicano; fijan límites concretos a la autoridad respecto de actos de molestia, debido proceso, legalidad de la privación de libertad y presunción de inocencia. En el mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Americana exige que toda acusación penal se sustancie con debidas garantías y bajo la premisa de que la culpabilidad debe........

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