El pasado 30 de junio, en el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión aprobó una nueva ley para esta institución, junto con reformas de gran calado a ocho leyes federales, como parte de un ambicioso proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. No estamos ante una simple armonización normativa con la reforma constitucional de 2024, que subordinó legalmente a esta corporación a la Defensa, sino ante una auténtica "transformación" de la Guardia Nacional, y al mismo tiempo, de una reconfiguración profunda del papel de las fuerzas armadas en la seguridad, y por extensión, en la vida civil del país.

La magnitud de los cambios es tal que se abrogó la ley fundacional de la Guardia Nacional de 2019, de apenas seis años. Era necesario un nuevo marco normativo —según la nueva mayoría parlamentaria— que materializara el mandato constitucional aprobado en septiembre del año pasado: la consolidación militar de la Guardia Nacional.

A pesar del negacionismo oficialista, la constitución y las leyes secundarias declaran abiertamente lo que la retórica redundante de la comandanta suprema de las fuerzas armadas intenta disimular. Aunque la Guardia Nacional sigue siendo definida como un “cuerpo policial”, es ahora un componente más de la Fuerza Armada Permanente, junto al........

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