Hace veinte años la izquierda se rasgaba las vestiduras porque el Estado hablara con paramilitares. La ley de Justicia y Paz fue denunciada como impunidad institucional. Iván Cepeda y sus aliados presentaron el Pacto de Ralito como la captura del Estado por el crimen. Hoy, desde el poder, el mismo sector no solo se reunió con los principales excomandantes de las Auc, sino que enfrenta denuncias por los probados ofrecimientos de beneficios carcelarios y procesales a cambio de declaraciones contra sus adversarios políticos.

La contradicción es monumental. Quienes convirtieron la denuncia contra el paramilitarismo en bandera moral deben explicar por qué sus funcionarios buscaron a los mismos excomandantes para hablar de sus adversarios. No es cuestionable escuchar a quienes conocen los crímenes. Lo inadmisible es negociar la utilidad política de sus testimonios. La verdad no puede tener tarifa electoral.

Entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, en el hotel El Bosque de Valledupar, once exjefes de las Auc, designados gestores de paz,........

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