Difícilmente ha existido un sector más atropellado en este gobierno que el de la salud. La ideologización de Petro ha llevado a que sean los pacientes quienes más sufran el embate contra el sistema. El Congreso de la República frenó en dos ocasiones las reformas que el Gobierno pretendía aprobar. El propósito era claro: acabar con las EPS y pulverizar el sistema de aseguramiento. Ante la negativa de la Comisión Séptima, el camino elegido fue el reglamentario y administrativo.

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Cumplirle al presidente Petro fue la consigna. Su argumento del “shu, shu, shu” –esto es, no girar adecuadamente los recursos a las EPS, limitar la actualización de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y restringir la financiación del sistema– fue seguido a pie juntillas por sus funcionarios. El resultado es nefasto: sin medicamentos, sin tratamientos, sin financiación y con un balance devastador de miles de colombianos sin acceso efectivo a la salud. Como lo advierte la Organización Mundial de la Salud en el informe ‘Tracking Universal Health Coverage 2023’, la sostenibilidad financiera es condición indispensable para garantizar continuidad en la atención; cuando el flujo de recursos se interrumpe, los sistemas fallan en el punto más sensible: el paciente.

Desde el punto de vista reglamentario, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos decretos (0182 y 0858) expedidos por el Ejecutivo, con los cuales se pretendió reformar integralmente el sistema de salud por la puerta de atrás. La razón es clara: el Gobierno se excedió en sus facultades reglamentarias y usurpó funciones propias del Congreso.

Al fin y al cabo, el balance del gobierno Petro frente a la salud es catastrófico. Mucha ideologización y una profunda insensibilidad frente a los pacientes.

En lo administrativo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue declarado en desacato por la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional por incumplir el Auto 007 de 2025, que advirtió sobre la insuficiencia de la UPC fijada en 2024. Sin ese ajuste, es imposible garantizar la atención de los pacientes en los regímenes contributivo y subsidiado. A esto se suma la intervención masiva de EPS. El caso de Sanitas es emblemático: decisiones equivocadas y falta de gestión del interventor que han puesto a los usuarios en serias dificultades.

La Nueva EPS ha venido recibiendo usuarios de todo el sistema. Más de 11 millones de afiliados que no están siendo atendidos de forma adecuada. Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de varias EPS, cuando esa no es una competencia discrecional suya, sino una decisión sujeta a causales y procedimientos definidos en la ley. Las consecuencias pueden ser graves: interrupción del servicio, falta de seguimiento en tratamientos de alto costo, demoras en citas, fallas en la entrega de medicamentos, desorden en la atención de pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas o patologías crónicas. En salud, trasladar afiliados en el papel es fácil; lo difícil es garantizar que al día siguiente sigan siendo atendidos sin barreras.

Los pasivos del sistema ascienden a 29,6 billones de pesos, una carga que tendrá que asumir el próximo gobierno y que compromete la sostenibilidad de todo el sector. Esto implicará cierre de servicios, cartera impagable y una presión adicional sobre los prestadores, en detrimento directo de los pacientes.

Al fin y al cabo, el balance del gobierno Petro frente a la salud es catastrófico. Mucha ideologización y una profunda insensibilidad frente a los pacientes. El caso del niño Kevin Acosta, quien falleció porque la Nueva EPS no le suministró sus medicamentos para la hemofilia, según lo determinó la Procuraduría, es un recordatorio doloroso de lo que está en juego. Un servidor público está para servirle a la gente, no para someterla. Y cuando el Estado falla en eso, lo que se pierde no es solo un sistema: es la vida.

* Ex fiscal general de la Nación. Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

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