El Gobierno Nacional expidió la semana pasada el Decreto 0182, que modifica las reglas de operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional. La norma fija límites máximos de entidades prestadoras de salud (EPS) en municipios y ciudades, así como requisitos de habilitación de los servicios en los territorios. Además, abre la puerta para el traslado masivo de alrededor de 6,5 millones de usuarios a otras EPS en un plazo de tres meses.

Esta decisión del Ministerio de Salud es tanto inoportuna como inconveniente y, por razones jurídicas, técnicas y operativas, terminará agravando la de por sí crítica situación que hoy aqueja al sistema de salud en Colombia. En primer lugar, según Acemi, el gremio de las EPS, el texto de la polémica medida “reproduce casi de manera idéntica” el Decreto 0858 del año pasado, suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado debido a la eventual extralimitación de las facultades reglamentarias.

Es decir, la administración Petro insiste en implementar un nuevo modelo de atención y de organización territorial del aseguramiento por vía de decretos, en vez de por vía del trámite de una ley. Estas transformaciones estructurales pertenecen a las discusiones en el Poder Legislativo y deben ser definidas a través del debate de los congresistas elegidos por los ciudadanos para que los representen. En otras palabras, ante el estancamiento del proyecto de reforma por su incapacidad para lograr consensos en el Congreso, la Casa de Nariño sigue impulsando una reforma “por la puerta de atrás”.

Que el Estado resuelva unilateralmente quién se afilia a qué entidad y en dónde va en contravía con la libre elección de los ciudadanos.

A este pulso jurídico hay que sumarle la inconveniencia de reasignar millones de afiliados dentro de un sistema de salud desfinanciado, con graves problemas de atención y servicio, y con EPS con profundas dificultades operativas. De hecho, los expertos estiman que la mayor cantidad de usuarios –alrededor de 2,6 millones– se concentrarán en la Nueva EPS, que aumentará en un 22,6 por ciento. Otras EPS igualmente intervenidas tendrán incrementos de afiliados de hasta 40 por ciento.

Si bien el debate sobre la territorialización del servicio de salud para ganar más eficiencia es razonable, una reasignación de millones de usuarios, tan desequilibrada y desanclada de criterios operativos derivará en presiones adicionales a un sistema ya haciendo agua. No se puede olvidar que la Nueva EPS simboliza las graves problemáticas de la salud: insatisfacción ciudadana, denuncias de pacientes que mueren a la espera de atención –como Kevin Acosta–, falta de entrega de medicamentos y negación de servicios.

El movimiento masivo de más del 12 por ciento del total de los afiliados generará asimismo peligrosos impactos clínicos, traumas en la continuidad de los tratamientos –en especial, aquellos de alta complejidad y de vida o muerte– y un eventual aumento de la morbimortalidad. En resumen, el decreto reasigna sobrecargas a EPS ya debilitadas, sin arreglar el tema financiero ni robustecer sus capacidades. Por otro lado, que el Estado resuelva unilateralmente quién se afilia a qué entidad y en dónde va en contravía con la libre elección de los ciudadanos. Mientras los tribunales deciden, las consecuencias se vivirán en las salas de espera, los hospitales y los hogares de los pacientes.

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